Santo Domingo.- El Centro Bonó destacó, en su análisis de coyuntura mensual, que la reforma tributaria aprobada durante el mes pasado en realidad esconde otras variables no dichas públicamente.
La apertura del análisis estuvo a cargo del economista Nelson Suárez, quien presentó las características generales del sistema tributario dominicano, recalcando la regresividad del mismo por basarse principalmente en impuestos tales como el ITBIS, que penaliza el consumo en general, además del bajo nivel de imposición sobre el patrimonio. La información presentada surge de una investigación publicada por el Centro Montalvo titulada Impuestos y evasión fiscal en República Dominicana.
Por su parte, Felipe Santos Reyes expuso que todas las reformas que se dieron, en realidad no responden a los mejores diagnósticos de país, sino que se enmarcan en acuerdos firmados con agencias internacionales, algunos de larga data, y en donde prima el equilibrio fiscal a cualquier costo.
La entidad sostuvo que la reforma tributaria aprobada, cumplió un solo fin, equilibrar las cuentas del gobierno central, donde para cubrir el déficit observado se requieren RD$9,500 millones. Señaló además que la misma no responde ni siquiera a darle una respuesta definitiva al problema, si las pautas fiscales no cambian, se continuarán generando desequilibrios.
Consideró que se debe incorporar una revisión de la calidad del gasto público, serias reformas administrativas y de administración tributaria, evaluar las políticas de exenciones, exoneraciones y todo tipo de gasto fiscal, además de una reforma tributaria que simplifique el sistema progresivamente abarcando a todos los sectores que generan ingresos a la economía nacional y quitando las cargas de impuestos indirectos a la ciudadanía.
Con relación a la Ley que fue promulgada el 24 de junio, bajo el nombre de Ley 139-11 para aumentar los ingresos tributarios y destinar más recursos a Educación, dijo que en realidad ningún artículo asigna recursos para este sector pese a que fue propuesto en la Cámara de Diputados.
“Los pocos aspectos progresivos de la reforma propuesta inicialmente fueron rechazados por las presiones de los sectores de poder, pero nadie le ha preguntado al sector social cuál era su opinión sobre la medida adoptada”, declaró Gilda Solano, vocera del Centro Bonó.
Entre los puntos destacados en este análisis se marcó la falta de veracidad con que se ha manejado la información referente al impuesto a los activos financieros, se notó que la propuesta inicial adolecía de especificaciones que hacían incierta su aplicación, pero las incorporaciones realizadas, luego de las negociaciones con el sector bancario, hacen del impuesto un sin sentido.
En ese mismo orden comentó que en primer lugar, el pago de este impuesto es deducible del impuesto sobre la renta, por lo que el efecto es el de una retención, un pago a cuenta, que se aplicará solo por dos años y por los activos financieros productivos netos promedio del ejercicio a partir de los RD$700 millones y además se exonera la obligación de liquidar y pagar el impuesto a los activos, por lo que constituye una acción tributaria poco seria.
“La persistencia de la estructura actual de aplicación del impuesto a la vivienda suntuaria y solares, da cuenta que no hay intención de mejorar la progresividad del sistema tributario”, indicó la vocera.
Finalmente, el Centro Montalvo exhortó a las organizaciones sociales a expresar su descontento, de forma creativa, ante el desinterés del Estado por aplicar políticas que mejoren la calidad de vida de la gente y a estar vigilante del destino final que se le dará a los recortes anunciados, dado a que en pocos días estaremos transitando caminos de campañas proselitistas.
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