El movimiento Justicia Fiscal lamentó la aprobación apresurada del Presupuesto 2013 sin
dar la oportunidad de participar a los diferentes sectores sociales del
país y sin profundizar en el estudio, análisis y debate de la pieza en
el Congreso Nacional, volviendo a violentar la Ley Orgánica de
Presupuesto y sin permitir nuevamente a que la ciudadanía se exprese.
Asimismo, manifestaron su rechazo de que el Congreso Nacional continúe
actuando como un sello gomígrafo del gobierno, en lugar de fiscalizar
sus actuaciones y someterse y exigir el cumplimiento de las leyes y los
procedimientos. Esto se suma al silencio cómplice que guardan los
congresistas con respecto al déficit fiscal de este año. “Con este
proceder se trunca el necesario contrapeso de poder que la democracia
necesita y se reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones
públicas”.
Agregaron que la política fiscal es un instrumento de desarrollo en la
medida que sirve para fomentar la equidad, la prosperidad económica, la
solidaridad la cohesión social y a construir un debate democrático
entre el estado y la ciudadanía basado en derechos donde se discutan las
prioridades colectivas y se respeten las leyes y las instituciones. Por
eso es importante que la ciudadanía participe activamente en la
discusión del tema fiscal.
“En ese sentido, reiteramos nuestro rechazo a la impunidad y exigimos
que el Gobierno investigue y someta a la justicia a los responsables
del extraordinario e ilegal déficit fiscal del presente año, así como
todos casos, en que existan indicios de corrupción”.
Con la impunidad se debilita aun más la confianza ciudadana,
indispensable para arribar a un pacto fiscal, que permita realizar una
verdadera reforma fiscal integral que contribuya al desarrollo pleno y
sostenible de la sociedad dominicana.
Al mismo tiempo el grupo social manifestó que el déficit presupuestario
proyectado sin aplicaciones financieras, sigue siendo alto, aunque
inferior al del presente año 2012. Entienden que desafortunadamente se
logró la reducción del déficit debido a los efectos esperados del
Paquetazo tributario aprobado recientemente y no como consecuencia de
una racionalización del gasto publico. Este déficit se espera que sea de
RD$70 mil millones, equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto
(PIB).
“El pago de los intereses y amortización de la deuda pública se
proyecta sumamente elevado, equivalente a RD$140 mil millones o 5.6% del
PIB, lo que representa el 26.2% del gasto público total. Esto es
producto de políticas irresponsables de endeudamiento público de los
pasados gobiernos.
Si a esto le sumamos que el monto total a financiar en el próximo año
es RD$146 mil millones, cerca de US$3.5 mil millones, esto lleva el
saldo deudor del Gobierno (sin incluir la deuda del Banco Central) a
casi US$21.7 mil millones equivalentes a un 36% del PIB. Con esto, cada
habitante de este país debe RD$92 mil pesos el equivalente a 9 veces el
salario mínimo de una empresa grande. Este excesivo nivel de
endeudamiento público se hace insostenible y pone en riesgo la
estabilidad financiera del Estado Dominicano.
Otros aspectos rechazados por Justicia Fiscal es que se mantenga el
“barrilito” y el “cofrecito”, asignando recursos al Congreso Nacional
para realizar actividades asistenciales que no tienen que nada ver con
las funciones constitucionales de este Poder del Estado.
Lamentan que se mantengan niveles altos de ineficiencia al mantener
nóminas abultadas que crecen en 12% en 2013 con relación a 2012 y
explican el 26% de aumento del gasto corriente. Este dato es
preocupante, plantean, dado el alto nivel de clientelismo y de
contratación de personas que no ejecutan sus funciones que se arrastra
históricamente.
“La exigencia de Justicia Fiscal sobre la necesidad de un Presupuesto
Base Cero que eliminara estas distorsiones podría haber identificado un
alto volumen de recursos para utilizarse en sectores prioritarios.
También existen aún importantes asignaciones de recursos a instituciones
cuestionables, disfuncionales o que duplican funciones como la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, INESPRE y el Despacho
de la Primera Dama y otras relacionadas con las de las áreas de
transporte y la asistencia social.”
Consideramos que continúan siendo bajos e insuficientes los recursos
asignados a las funciones importantes como la salud, seguridad social,
viviendas , agua potable y saneamiento y seguridad ciudadana. Estas
son áreas de suma importancia para combatir la pobreza y las
desigualdades y elevar el nivel de vida de la población.
Asimismo, los representantes de Justicia Fiscal destacaron que, a pesar
de ese nivel de gasto público, la proyección oficial del crecimiento
del PIB para 2013 es de apenas 3%. Dado el impacto del paquetazo
tributario sobre los agentes económicos, el nivel de debilidad
institucional y un entorno internacional desfavorable, existe el riesgo
de que el crecimiento termine siendo aún menor al proyectado por el
gobierno.
De todos modos, aún se alcanzara ese nivel de crecimiento económico, es
muy previsible que se incremente el nivel de desempleo. La experiencia
historia que indica que para mantener el nivel de empleo se requiere un
crecimiento del 4.5%del PIB.
El aumento del desempleo, sumado a los efectos nocivos del paquetazo
tributario reduciría el nivel de vida de la población, aumentando la
pobreza y la desigualdad.
Los aspectos positivos del Presupuesto 2013
Para Justicia Fiscal el elemento positivo más importante es la
asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, dándole
cumplimiento a la ley General de Educación y satisfaciendo una demanda
importante del movimiento ciudadano del país.
“En ese sentido, felicitamos a la ciudadanía activa, que ha mantenido
una consistente lucha para que se eleve la calidad y el nivel de
inversión en la educación, dada su importancia en el desarrollo humano
del país. También reiteramos nuestro reconocimiento al Presidente de la
República por el cumplimiento de ese compromiso con la ciudadanía”.
Otro elemento positivo lo constituye una mejor distribución territorial
de la inversión pública, rompiendo con la tradición de los últimos años
de concentrar la inversión en el Distrito Nacional.
El Movimiento Justicia Fiscal reiteró que le dará seguimiento detallado
a la ejecución presupuestaria, para garantizar el buen uso de los
recursos que con tanto sacrificio la población pone en manos del
gobierno. “Del mismo modo, enfatizamos que mantendremos la lucha
ciudadana por elevar la calidad y transparencia del gasto público y en
particular para frenar la corrupción y la impunidad.”
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